Senado y condado enfrentan veto en centro de detención

Centro de detención Otay Mesa bajo controversia

El acceso al centro de detención de Otay Mesa desató un nuevo choque entre autoridades federales y representantes electos de California. Agentes de ICE impidieron la entrada al senador Alex Padilla y a las supervisoras del condado Terra Lawson-Remer y Paloma Aguirre cuando intentaban inspeccionar las instalaciones.

Los funcionarios buscaban verificar denuncias sobre falta de agua potable, alimentos adecuados y atención médica para personas detenidas. A pesar de contar con autorización previa del personal local, agentes informaron que la visita quedaba revocada por instrucciones desde Washington.

Centro de detención y disputa legal

La legislación federal permite a miembros del Congreso inspeccionar centros federales. Además, una ley estatal aprobada en 2024 autoriza a funcionarios del condado a revisar instalaciones dentro de su jurisdicción para supervisar condiciones sanitarias y de salud pública.

Sin embargo, los agentes indicaron que debían abandonar el lugar. Padilla afirmó que le exigieron solicitar la visita con siete días de anticipación, requisito que un tribunal federal suspendió recientemente de forma temporal.

Las supervisoras anunciaron que preparan una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional por impedir el acceso al centro de detención. Sostienen que la negativa contradice normas diseñadas para garantizar supervisión pública.

Condiciones bajo escrutinio

Los funcionarios señalaron que recibieron cartas firmadas por personas detenidas que pedían reunirse para denunciar condiciones internas. También llegaron con listas de verificación sobre estándares médicos y nutricionales que pretendían completar durante el recorrido.

El incidente ocurre días después de que la secretaria de Seguridad Nacional declarara que las condiciones en Otay Mesa eran adecuadas. Padilla cuestionó públicamente esa afirmación y pidió transparencia total.

El enfrentamiento se suma a otras disputas recientes entre autoridades estatales y federales en torno a políticas migratorias. La posible acción legal podría definir los límites del acceso de funcionarios electos a centros de detención en California.