El transporte público en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos, y California no es la excepción. Años después de la pandemia, muchas agencias aún no recuperan niveles de uso previos, mientras los costos operativos continúan en ascenso y las fuentes tradicionales de financiamiento se debilitan.
Además, en 2023 el Congreso estatal creó un grupo de trabajo con la misión de diseñar soluciones estructurales para el transporte público. Legisladores esperaban propuestas innovadoras que permitieran enfrentar la caída de ingresos, el encarecimiento de la operación y la transición tecnológica. Sin embargo, el informe final no cumplió esas expectativas.
El documento identificó problemas conocidos, pero evitó plantear rutas concretas para resolverlos. Legisladores como Catherine Blakespear señalaron que el reporte dejó sin respuestas a quienes aguardaron dos años para impulsar reformas desde el Congreso estatal.
Transporte público acumula presiones financieras y operativas
Entre los factores más críticos destaca el aumento de costos laborales y de seguridad, que crecen más rápido que los ingresos. En San Diego, el sistema de transporte obtiene una parte relevante de su presupuesto de impuestos locales a las ventas, ingresos que se mantienen estancados mientras los salarios aumentan de forma sostenida.
También, la transición obligatoria hacia flotas eléctricas añade presión al transporte público. Los nuevos autobuses presentan mayores fallas técnicas, tiempos de reparación más largos y costos elevados de infraestructura. Esa combinación redujo la confiabilidad del servicio y forzó a retirar unidades diésel antes de concluir su vida útil.
Por otro lado, el financiamiento estatal depende de un impuesto al combustible que pierde relevancia conforme crece el uso de vehículos eléctricos. Proyecciones oficiales anticipan una caída significativa de esos recursos en la próxima década.
Mientras tanto, agencias y legisladores enfrentan un escenario más adverso que hace dos años. Datos oficiales indican que el transporte público en California podría enfrentar déficits millonarios hacia el final de la década si no se aprueban nuevas fuentes de ingresos sostenibles.
