La tensión política entre Washington y California volvió a encenderse. El gobierno de Donald Trump presentó una demanda federal para detener el nuevo plan de redistritación en el estado, un movimiento que podría redefinir la representación de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia argumenta que el mapa aprobado por los votantes viola la Constitución al priorizar criterios raciales en el trazado de los distritos. La llamada Proposición 50, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, obtuvo el 64% de apoyo en las urnas y permite al Congreso estatal redibujar los límites creados por la comisión independiente, con el fin de recuperar cinco escaños en manos republicanas.
Redistritación en California y el poder del voto
La administración Trump sostiene que el plan “es un intento de consolidar el dominio de un solo partido”, mientras los demócratas lo presentan como una respuesta al rediseño electoral promovido por Texas, donde los republicanos también modificaron sus distritos. Ambos casos muestran cómo la redistritación se ha convertido en un campo de batalla central para las elecciones legislativas de 2026.
El propio Newsom defendió la medida como una estrategia de defensa democrática. “Si otros estados manipulan sus mapas, California no puede quedarse inmóvil”, afirmó. En contraste, la fiscal general Pam Bondi calificó la iniciativa como “una maniobra que pisotea los derechos civiles y burla el proceso democrático”.
El Departamento de Justicia pidió a la Corte Federal del Distrito Central de California frenar la implementación del nuevo mapa. Mientras tanto, la Comisión de Campaña Demócrata se unió al proceso judicial para defender la propuesta, marcando el inicio de una disputa que podría extenderse hasta el próximo ciclo electoral.
