Vacunas infantiles en centro de debate legal
California se sumó a más de una docena de estados para demandar a la administración federal por cambios en las recomendaciones sobre vacunas infantiles. La acción legal sostiene que la nueva guía pone en riesgo la salud pública y altera criterios médicos consolidados durante décadas en Estados Unidos.
La controversia surgió después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades modificaran su orientación sobre inmunización contra influenza, rotavirus, hepatitis A y B, ciertas formas de meningitis y el virus respiratorio sincitial. Ahora estas vacunas infantiles se recomiendan solo para grupos considerados de alto riesgo o bajo decisión compartida entre médico y paciente.
Los estados demandantes argumentan que el cambio ignora evidencia científica acumulada y obligará a gobiernos locales a destinar más recursos para prevenir brotes. Además, sostienen que la medida altera el marco tradicional de recomendaciones que influye en políticas escolares y sanitarias.
El fiscal general de Arizona afirmó que la protección de la niñez no debe convertirse en un tema político. Asimismo, legisladores demócratas señalan que la reconfiguración de comités asesores y recortes en agencias federales de salud debilitan la confianza en la supervisión científica.
La demanda también cuestiona la reestructuración del comité asesor de vacunas, cuyos integrantes fueron reemplazados el año pasado. Del mismo modo, gobernadores de California, Washington y Oregón impulsaron previamente una alianza regional para establecer lineamientos propios ante cambios federales.
Aunque los estados conservan la autoridad para exigir inmunizaciones escolares, las recomendaciones federales suelen guiar la normativa local. En consecuencia, cualquier modificación en las vacunas infantiles puede repercutir en presupuestos, campañas de prevención y tasas de cobertura.
Expertos advierten que reducir recomendaciones universales podría generar brechas de inmunidad en comunidades vulnerables. Además, subrayan que mantener esquemas amplios facilita el control de enfermedades prevenibles.
El litigio marca un nuevo capítulo en la disputa entre estados liderados por demócratas y la Casa Blanca sobre el alcance de la política sanitaria. La resolución judicial podría definir el peso de las directrices federales en la protección infantil a nivel nacional.
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