Veinticinco estados demandan a Trump por aranceles

California enfrenta los nuevos aranceles de Trump

California se sumó a una demanda de 25 estados contra la nueva ronda de aranceles aprobada por Donald Trump. La coalición sostiene que el presidente volvió a exceder su autoridad al imponer gravámenes generales mediante una base legal distinta.

Los aranceles, vigentes desde el 24 de julio, aplican tasas de 10% o 12.5% sobre importaciones de 60 economías. La administración argumenta que esos socios comerciales no combaten adecuadamente los productos elaborados con trabajo forzoso. La medida abarca mercados que representan 99.4% de las importaciones nacionales.

California encabeza la demanda contra los aranceles

El fiscal general Rob Bonta codirigió la acción presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional. California participa junto con Nueva York, Arizona, Nevada, Washington, Wisconsin y otros 19 estados. Los demandantes afirman que la Casa Blanca utilizó indebidamente la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Bonta calificó esta estrategia como el tercer intento ilegal de Trump para mantener gravámenes que elevan costos a consumidores y empresas. Además, la coalición acusa a la Oficina del Representante Comercial de realizar investigaciones apresuradas y de no demostrar una relación individual entre cada economía, las prácticas señaladas y las tarifas establecidas.

Nuevo choque por el alcance del poder presidencial

La disputa comenzó después de que la Corte Suprema invalidara aranceles anteriores sustentados en poderes económicos de emergencia. Trump respondió con un gravamen universal temporal de 10%, autorizado por 150 días, antes de adoptar la Sección 301 para evitar que esa política expirara.

Pequeñas empresas también presentaron una impugnación separada. Sus abogados sostienen que el Ejecutivo no puede conservar una política arancelaria global cambiando sucesivamente de fundamento jurídico.

Por otro lado, la administración defiende la legalidad de las tarifas y asegura que buscan proteger el comercio y enfrentar el trabajo forzoso. El litigio determinará si la Sección 301 permite una medida tan amplia. Los nuevos gravámenes cubren 60 economías y casi la totalidad de las importaciones del país. El fallo definirá límites al poder presidencial.