La tensión entre California y la administración Trump volvió a escalar esta semana, cuando cuatro congresistas fueron impedidos de ingresar a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego. Los legisladores denunciaron que la agencia les negó el acceso a las instalaciones ubicadas en el sótano del edificio federal Edward L. Schwartz, en el centro de la ciudad, pese a que la ley les permite realizar inspecciones sin previo aviso.
Los representantes demócratas Juan Vargas, Mike Levin, Sara Jacobs y Scott Peters afirmaron que buscaban verificar denuncias sobre malas condiciones en el lugar, como comida en mal estado, falta de privacidad y hacinamiento derivado de la sobrepoblación en el Centro de Detención de Otay Mesa. El grupo fue informado de que debía solicitar autorización a la sede central del ICE, lo que los legisladores calificaron como un intento de ocultar la realidad dentro del edificio.
Legisladores de California cuestionan la falta de acceso al centro del ICE
Vargas aseguró que el Congreso tiene la facultad de supervisar los centros de detención sin permisos previos y que la negativa representa una violación a ese derecho. “Si no hay nada que esconder, deberían dejarnos entrar”, dijo el representante por el distrito 52.
El incidente no es el primero. El 20 de octubre, Vargas y Peters también fueron rechazados al intentar inspeccionar el mismo lugar. Posteriormente, los congresistas enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denunciando “obstrucciones y solicitudes ignoradas” por parte del ICE.
Por su parte, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, negó las acusaciones y aseguró que todos los detenidos reciben comida, agua y atención adecuada. Sin embargo, las declaraciones oficiales no convencieron a los legisladores ni a los grupos comunitarios que monitorean las detenciones.
Organizaciones locales señalaron que las detenciones aumentaron desde principios de octubre, con un promedio de diez personas retenidas por día en San Diego. Los voluntarios sostienen que la negativa de acceso solo refuerza la desconfianza sobre las condiciones reales de los migrantes.
