La muerte de Aidan Antonio Torres De Paz, un niño de 11 años de Escondido, provocó indignación en comunidades de Estados Unidos y desató un enfrentamiento político entre el gobierno federal y autoridades de California. El menor murió después de un atropello, y el conductor acusado, Hector Amador Balderas, enfrenta un proceso penal mientras las agencias migratorias presionan para intervenir.
Balderas, ciudadano mexicano, ingresó al país sin autorización en varias ocasiones. Tras su arresto por el atropello, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que ICE solicitó una detención migratoria, una petición que generó tensión inmediata con el estado por los límites legales que regulan la cooperación entre agencias.
Tensiones legales en el caso Aidan Torres
El condado confirmó que rechazó el detainer porque la ley estatal impide entregar a una persona sin una orden judicial o una condena que califique para ese tipo de colaboración. DHS criticó esa decisión y exigió que el gobernador Gavin Newsom interviniera para permitir el traslado del acusado a custodia federal. Sin embargo, autoridades locales insistieron en que deben cumplir la legislación vigente.
Especialistas en derecho explican que el proceso penal prevalece sobre cualquier acción migratoria. Si ICE removiera al acusado, el caso quedaría incompleto y abriría la puerta para otra reentrada irregular.
Escalada política y futuro del caso
El intercambio público creció cuando funcionarios federales acusaron a California de liberar a criminales, mientras el equipo de Newsom calificó esas declaraciones como falsas. Líderes académicos señalan que el gobierno federal usa este caso para cuestionar leyes santuario y reforzar narrativas de seguridad pública.
Un registro judicial reciente confirma que Balderas permanece detenido en Otay Mesa mientras la familia del menor recibe apoyo comunitario a través de campañas locales.
