Una demanda presentada en un tribunal federal de San Diego colocó a Costco bajo escrutinio por la forma en que promociona uno de sus productos más populares. En Estados Unidos, el caso reavivó el debate sobre transparencia alimentaria y confianza del consumidor.
La acción legal acusa a Costco de anunciar que su pollo rostizado sazonado Kirkland Signature no contiene conservadores. Sin embargo, la demanda sostiene que el producto incluye aditivos que contradicen esa afirmación, según etiquetas e información disponible en tiendas y en su sitio web.
Demanda señala prácticas de publicidad alimentaria
La demanda colectiva propuesta fue presentada por consumidoras del sur de California que aseguran haber confiado en la etiqueta sin conservadores. De acuerdo con el expediente, la presencia de fosfato de sodio y carragenina habría influido en su decisión de compra si se hubiera informado de forma clara.
Los demandantes argumentan que Costco obtuvo beneficios económicos significativos mediante esta estrategia de marketing. Además, el recurso legal afirma que los clientes pagan un sobreprecio al creer que el producto cumple con estándares más estrictos de calidad alimentaria.
Por otro lado, la defensa legal de los consumidores subrayó que afirmaciones visibles como “sin conservadores” pesan especialmente cuando se trata de alimentos destinados a familias. Esa expectativa, señalan, debe coincidir plenamente con la lista de ingredientes.
Impacto legal y comercial para Costco
El proceso judicial podría derivar en cambios en el etiquetado o en acuerdos financieros si el tribunal determina que la publicidad resulta engañosa. Asimismo, el caso se suma a otras acciones legales recientes que examinan prácticas de marketing en grandes cadenas minoristas.
En consecuencia, el resultado podría sentar un precedente relevante para la industria alimentaria en Estados Unidos. Las empresas enfrentan una presión creciente para alinear mensajes publicitarios con información técnica verificable.
La demanda solicita compensaciones económicas y medidas correctivas, mientras los abogados estiman que las ventas del producto cuestionado alcanzan decenas de millones de dólares anuales.
