Un juez federal en San Diego ordenó al gobierno de Estados Unidos gestionar el regreso de tres familias migrantes que las autoridades expulsaron del país de manera indebida, al concluir que las deportaciones violaron un acuerdo judicial vigente.
El juez Dana Sabraw determinó que agencias federales recurrieron a engaños, presión indebida y coerción para forzar la salida de familias que contaban con permiso legal de permanencia bajo un esquema de parole migratorio. El fallo señala que, sin esas deportaciones, las familias aún residirían en Estados Unidos y conservarían acceso a los beneficios y apoyos establecidos en un acuerdo aprobado en 2023.
Engaños y amenazas previas a las deportaciones
Según la resolución, agentes de ICE indujeron a una de las familias a abandonar el país después de informar falsamente a la madre que enfrentaba una orden obligatoria de expulsión. Además, los oficiales la amenazaron con enviar a sus hijos a hogares de acogida o darlos en adopción si no salía voluntariamente del país.
El juez destacó que la mujer y sus tres hijos tenían autorización legal para permanecer en Estados Unidos hasta 2027. Aun así, los agentes ejecutaron su salida durante el verano pasado.
En los otros dos casos, las autoridades tampoco negaron que las familias tenían parole vigente, pero avanzaron con las deportaciones sin respetar el acuerdo judicial que protegía a familias separadas en la frontera sur.
Orden judicial y restitución de derechos
Sabraw concluyó que las acciones del gobierno anularon en la práctica los beneficios del acuerdo y vulneraron derechos fundamentales. Por ello, instruyó a las autoridades federales a organizar y financiar el retorno de las familias a territorio estadounidense.
El juez recordó que ya ha señalado en resoluciones anteriores el incumplimiento reiterado del acuerdo por parte del gobierno, el cual buscaba reparar los daños causados por políticas migratorias previas.
La decisión intensifica el escrutinio judicial sobre las deportaciones y el actuar de las agencias migratorias, en un contexto de creciente debate nacional sobre derechos humanos y debido proceso en materia migratoria.
