El debate sobre la regulación de bebidas en México ha puesto en evidencia un vacío difícil de justificar. Los impuestos y restricciones afectan a refrescos y energizantes, pero Electrolit, catalogado como medicamento, queda exento de la norma. Esta condición abre preguntas de fondo: ¿cómo un producto de consumo masivo, con posibles efectos dañinos si se abusa de él, no enfrenta la misma normativa que otras bebidas similares?
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha sido cuestionada por permitir estas diferencias que terminan favoreciendo a ciertos sectores empresariales. Además, especialistas en nutrición advierten que esta brecha regulatoria no solo afecta la recaudación fiscal, también distorsiona el acceso a información clara para los consumidores, que suelen confiar en el producto como si fuera neutral o inocuo.
OMS y legisladores ponen el foco en la regulación
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que los países deben garantizar marcos regulatorios coherentes, sin excepciones que confundan al ciudadano. Asimismo, señala que los incentivos deben favorecer la salud pública por encima de intereses comerciales.
En este contexto, el diputado Ricardo Monreal presentó una iniciativa que busca prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad. El legislador alertó sobre los riesgos de su consumo combinado con alcohol y pidió enfrentar las presiones de grupos de cabildeo que intentan detener cualquier medida regulatoria. Su postura abre una interrogante inevitable: ¿por qué se actúa con firmeza frente a ciertos productos y no frente a otros que, como Electrolit, también requieren vigilancia?
Un dato relevante confirma que el mercado mexicano de bebidas rehidratantes superó los 20 mil millones de pesos en ventas anuales, lo que incrementa la urgencia de revisar la regulación.
