La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que su administración adquirió un jet ejecutivo mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y aseguró que la aeronave ha sido una herramienta clave para atender las necesidades de una entidad con grandes distancias geográficas.
La confirmación llegó después de que una investigación periodística revelara la compra de un Learjet 31-A realizada en 2023 por más de 7.6 millones de pesos. De acuerdo con el reporte, la aeronave ha acumulado más de un centenar de vuelos con destinos nacionales e internacionales, incluyendo ciudades fronterizas y diversos puntos estratégicos para la operación gubernamental.
Gobierno justifica uso de la aeronave
Durante una conferencia con medios, la mandataria sostuvo que toda la información relacionada con el avión ha sido transparente y reiteró que su utilización responde a las necesidades operativas del gabinete estatal.
Explicó que funcionarios de distintas dependencias utilizan la aeronave para trasladarse de manera eficiente a comunidades alejadas y regiones donde la presencia institucional requiere recorridos constantes. Según la gobernadora, la extensión territorial de la entidad obliga a mantener una logística ágil para atender programas de salud, bienestar y desarrollo social.
Asimismo, destacó que el equipo gubernamental debe llegar con rapidez a zonas remotas y señaló que el avión ha permitido fortalecer la presencia del Estado en diversos municipios de Baja California.
Cuestionamientos y defensa del costo
La compra generó cuestionamientos debido al contexto financiero y a la falta de detalles públicos sobre algunos de los vuelos realizados. Sin embargo, Marina del Pilar aseguró que existen imprecisiones en los reportes difundidos y adelantó que ofrecerá información adicional para aclarar cualquier duda.
La mandataria argumentó que el precio pagado estuvo por debajo del valor comercial estimado para una aeronave de características similares. También afirmó que el jet ha servido para apoyar operaciones relacionadas con temas de salud pública y coordinación institucional.
Finalmente, insistió en que la inversión beneficia a los ciudadanos porque facilita que las autoridades mantengan presencia permanente en distintos puntos de Baja California y respondan con mayor rapidez a las necesidades de la población.
