Un grupo de senadores republicanos presentó una iniciativa para revocar las normas de emisiones vehiculares de California y abrió un nuevo frente en la disputa entre el Gobierno federal y el estado por la regulación ambiental. La propuesta busca impedir que California mantenga estándares más estrictos que los establecidos a nivel nacional.
Los legisladores Cynthia Lummis, Eric Schmitt, Pete Ricketts y Jon Husted impulsan la medida con el argumento de que las exenciones concedidas al estado permiten que sus políticas ambientales influyan más allá de las fronteras de California.
Senadores impulsan cambios a las reglas de emisiones
En junio, la Agencia de Protección Ambiental envió al Congreso las exenciones otorgadas a California bajo la Ley de Aire Limpio para que los legisladores las revisen mediante la Ley de Revisión del Congreso. Ese mecanismo permitiría anularlas con mayoría simple, en lugar de exigir los 60 votos que requieren la mayoría de las iniciativas legislativas.
California respondió de inmediato y presentó una demanda ante un tribunal federal. El estado sostiene que la administración utilizó un procedimiento que contradice la legislación vigente y carece de fundamento legal.
Disputa define el futuro de los vehículos eléctricos
Las exenciones permiten que California establezca sus propios estándares para automóviles, camiones y otros equipos con motor. Entre esas normas figura el programa Advanced Clean Cars I, aprobado en 2022, que obliga a los fabricantes a incrementar gradualmente la venta de vehículos eléctricos y cumplir límites de emisiones más estrictos que los federales.
La administración del presidente Donald Trump también promueve cambios para flexibilizar las reglas federales sobre eficiencia de combustible y facilitar la comercialización de vehículos con motores de gasolina. Además, el Congreso aprobó este año una legislación que elimina sanciones para fabricantes que incumplan determinados estándares de emisiones. Esa decisión permitirá a la industria ahorrar cientos de millones de dólares.
El litigio definirá si el Gobierno federal puede limitar la autoridad de California para aplicar normas ambientales propias. La resolución también marcará el rumbo de las futuras políticas sobre emisiones y vehículos eléctricos en Estados Unidos.
