La Arquidiócesis de Panamá reconoció fallas en la gestión de 24 casos de abuso sexual ocurridos entre 2001 y 2025 en los que existe responsabilidad institucional evaluable. El informe identificó deficiencias de registro, seguimiento y atención que dificultaron la reparación de las víctimas.
Uno de los principales hallazgos señala que ninguno de los 24 expedientes contiene constancia de que la institución comunicara formalmente a las partes el resultado de las investigaciones.
Iglesia católica reconoce deficiencias en sus procedimientos
Una Comisión de Transparencia elaboró el estudio de 130 páginas a petición de la propia Arquidiócesis. Para realizarlo, revisó 37 denuncias documentadas durante 24 años y determinó que 24 correspondían directamente al ámbito de responsabilidad institucional analizado.
Entre esos casos, nueve afectaron a menores de edad y 11 a personas en condición de vulnerabilidad. Los otros 13 expedientes correspondían a diferentes diócesis, quedaban fuera del periodo estudiado o no tenían información suficiente para clasificarlos.
La investigación revisó archivos reservados del arzobispo, del Vicario Judicial y del Tribunal Eclesiástico. También incorporó testimonios, encuestas entre agentes pastorales y registros periodísticos.
Atención a las víctimas presenta importantes vacíos
El informe detectó que ninguno de los 24 casos comenzó por iniciativa de la Arquidiócesis. Trece denuncias fueron presentadas directamente por las personas afectadas.
Además, únicamente un expediente documentó acompañamiento especializado, acceso efectivo a información sobre el procedimiento y participación de la víctima durante las diferentes etapas. Tampoco existe constancia de evaluaciones del daño y, en dos casos, el estudio identificó expresamente la ausencia de medidas de reparación.
La prevención obtuvo una calificación de apenas 6.25 puntos sobre 100, la evaluación más baja entre las áreas examinadas.
El análisis también encontró diferencias entre el perfil de las víctimas registrado por la Arquidiócesis y las estadísticas estatales. Dentro de los 37 casos estudiados, 54% de las víctimas cuyo sexo y edad estaban documentados eran menores varones. En los registros generales del Ministerio Público, predominan niñas y adolescentes.
La Comisión concluyó que los expedientes permiten confirmar denuncias, investigaciones y decisiones, pero pierden trazabilidad conforme avanzan los procedimientos. El documento plantea así la necesidad de fortalecer la prevención, el registro de los casos, la comunicación de resultados y los mecanismos de reparación para las personas afectadas.
