Organizaciones defensoras de los inmigrantes en California han intensificado sus actividades de vigilancia y orientación comunitaria ante el aumento de operativos federales, a pocos días de las elecciones de medio mandato. Los grupos advierten que la presencia de agentes migratorios podría generar temor entre ciudadanos con derecho a voto, aunque todavía no existen datos que permitan determinar su impacto en la participación electoral.
Las organizaciones atribuyen el incremento de las redadas a una estrategia de intimidación de la administración de Donald Trump. Ante esta situación, han organizado redes de apoyo para informar sobre derechos legales, documentar posibles abusos y proteger el ejercicio del voto.
Redadas contra inmigrantes generan preocupación electoral
Durante octubre, distintas regiones de California registraron operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el Valle Central, agentes federales arrestaron a más de 100 personas, entre ellas numerosos trabajadores agrícolas.
También surgieron denuncias sobre detenciones violentas y operativos sin órdenes judiciales válidas en el Área de la Bahía y en comunidades cercanas a Los Ángeles.
El 19 de octubre, el Departamento de Justicia anunció el arresto de 11 personas acusadas de presuntas irregularidades electorales. En total, 28 enfrentan cargos relacionados con la investigación.
Entre los casos reportados figura el de un hombre de 72 años originario de Belice, detenido en su vivienda de Commerce y trasladado posteriormente a custodia federal.
Jeannette Zanipatin, representante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), sostuvo que estas acciones buscan desalentar la participación cívica y dividir a las comunidades.
Organizaciones refuerzan la vigilancia del proceso electoral
Diversos grupos comunitarios integraron la coalición Can’t Stop California, que ha capacitado voluntarios para observar centros de votación y detectar posibles interferencias.
Las organizaciones también han recorrido iglesias y vecindarios para explicar los derechos de las personas ante encuentros con autoridades migratorias. Además, recomiendan a los ciudadanos elegibles utilizar las opciones de votación anticipada disponibles.
La controversia también llegó a los tribunales. El gobierno federal intentó impedir que California contabilizara cerca de 20,000 boletas cuya elegibilidad cuestionaba, pero el juez David O. Carter rechazó la solicitud.
Para las organizaciones, las consecuencias de los operativos van más allá de las urnas. Durante redadas anteriores, algunas familias evitaron acudir a consultas médicas y ciertas escuelas registraron una disminución de asistencia por temor a encontrarse con agentes federales.
Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN, recordó que las autoridades migratorias deben respetar la ley. Los grupos defensores anunciaron que mantendrán sus esfuerzos de acompañamiento a las comunidades de inmigrantes durante la jornada electoral.
