Una protesta directa dentro del Ayuntamiento de San Diego volvió a colocar la política migratoria en el centro de la agenda local. Un grupo reducido de activistas ingresó a la oficina del alcalde Todd Gloria y se atrincheró para exigir acciones frente a operativos federales.
La movilización ocurrió en instalaciones públicas de Estados Unidos y elevó la presión institucional sobre el gobierno municipal. Los manifestantes difundieron imágenes y mensajes donde reclamaron protección comunitaria ante intervenciones de agentes migratorios, mientras permanecían dentro del despacho.
Activistas escalan protesta en edificios municipales
Los activistas colocaron mensajes visibles en el acceso a la oficina y declararon que buscaban una reunión directa con el alcalde. Además, exigieron lineamientos claros para que la policía local limite cualquier colaboración con autoridades federales migratorias.
La policía de San Diego desplegó un operativo de control cuando el edificio se preparaba para cerrar. Algunos participantes abandonaron el lugar voluntariamente, mientras otros decidieron permanecer, lo que derivó en arrestos por allanamiento sin que se reportaran personas lesionadas.
Por otro lado, el alcalde calificó la acción como inaceptable y afirmó que la protesta superó los límites de la manifestación pacífica. Asimismo, señaló que el personal municipal enfrentó un riesgo innecesario al bloquear accesos y alterar el funcionamiento de servicios públicos.
Respuesta institucional ante presión
El gobierno local reiteró que la policía de San Diego no participa en tareas federales de control migratorio. Del mismo modo, recordó que esa postura quedó formalizada mediante una orden ejecutiva vigente desde julio.
En consecuencia, el episodio refleja una tensión persistente entre autoridades municipales y activistas que demandan mayor confrontación política frente a agencias federales. La discusión se intensificó tras recientes operativos migratorios y hechos de violencia asociados a dichas acciones.
Seis personas enfrentaron cargos por invasión de propiedad pública, mientras las autoridades analizan posibles daños materiales tras el incidente.
