Mientras California enfrenta un déficit presupuestal de 12 mil millones de dólares, la Legislatura estatal destinó más de 415 millones a proyectos locales que, según críticos, priorizan intereses políticos sobre necesidades públicas. La investigación de CalMatters revela casi un centenar de earmarks —asignaciones directas de fondos— en un solo paquete presupuestal, muchos de ellos con beneficios limitados fuera de los distritos de los propios legisladores.
Las partidas incluyen desde cinco millones de dólares para un recinto LGBTQ+ en San Francisco hasta 250 mil para un refugio de animales en el norte del estado. Estos fondos provienen, en parte, del bono climático Proposition 4, aprobado el año pasado con la promesa de financiar proyectos ambientales. Sin embargo, cerca de 250 millones fueron desviados a proyectos locales sin relación directa con el clima o la sostenibilidad.
Legisladores asignan recursos mientras ajustan servicios básicos
Mientras se recortan beneficios de salud y se congelan contrataciones estatales, los legisladores aprobaron inversiones millonarias en parques, museos y senderos, incluso en comunidades con altos ingresos. “Es una mala priorización”, dijo Kristen Cox, directora del Long Beach Community Table. “Los recursos deberían destinarse a quienes más lo necesitan, no a embellecer distritos acomodados”.
El senador Mike McGuire figura como uno de los principales beneficiarios, con más de 100 millones en asignaciones para su distrito, mientras el presidente del Comité de Presupuesto, Scott Wiener, aseguró más de nueve millones para proyectos en San Francisco, justo antes de su campaña al Congreso. Ninguno respondió solicitudes de entrevista.
Expertos advierten que la práctica del pork-barrel spending no es nueva, pero sí más cuestionable en un contexto de déficit y aumento de impuestos. Aun así, todos los legisladores demócratas votaron a favor del presupuesto y el gobernador Gavin Newsom lo firmó.
Los contribuyentes pagarán al menos seis mil millones en intereses por la deuda generada por Proposition 4, un recordatorio de cómo las decisiones políticas locales pueden repercutir durante décadas.
