La discusión sobre violencia en México exige rigor, pero la reciente propuesta fiscal sobre videojuegos exhibió lo contrario. El anuncio y posterior cancelación del impuesto a videojuegos considerados violentos reveló una formulación deficiente, sin sustento técnico claro ni criterios públicos que justificaran una medida con impacto nacional.
El gobierno federal incluyó un gravamen de 8 por ciento a videojuegos violentos dentro del Paquete Económico 2026. La iniciativa se publicó en el Diario Oficial de la Federación y días después se retiró, tras admitir la propia presidencia que resultaba inviable distinguir qué títulos calificaban bajo esa etiqueta. La corrección evitó un error mayor, pero dejó en evidencia un proceso de diseño normativo carente de análisis previo.
Además, la propuesta no detalló metodología, clasificación ni autoridad responsable de determinar qué contenidos serían gravados. Esa ausencia convirtió la medida en un ejercicio normativo sin definición operativa, más cercano a una reacción intuitiva que a una política pública estructurada.
Videojuegos y decisiones públicas sin diagnóstico sólido
El argumento oficial buscó asociar videojuegos con violencia juvenil y adicción, pero sin presentar estudios actuales que acreditaran una relación causal directa. Investigaciones académicas citadas previamente por el propio gobierno no respaldan ese vínculo, y organismos internacionales han advertido que esa narrativa simplifica un fenómeno social complejo.
Asimismo, la insistencia en prohibir o gravar lo que se considera nocivo repite un patrón visto en otras decisiones recientes. La lógica de restricción inmediata sustituye al análisis de factores sociales, educativos y económicos que influyen realmente en la violencia.
Riesgos reales y enfoques mal dirigidos
Existen alertas legítimas sobre el uso de plataformas digitales, incluidos videojuegos, para prácticas como grooming o captación por grupos delictivos. Sin embargo, esos riesgos requieren estrategias de prevención, regulación focalizada y educación digital, no impuestos generalizados diseñados sin precisión técnica.
El episodio deja una pregunta abierta sobre el proceso de asesoría en decisiones de alto impacto. Diseñar leyes sin estudios sólidos no solo debilita la política pública, también desvía recursos y credibilidad institucional en un país que enfrenta desafíos urgentes de violencia estructural.
