Imagen editorial de una botella de Electrolit destacando el debate en la Cámara de Diputados sobre IVA e IEPS
Impuestos a bebidas azucaradas se discuten en la Ley de Ingresos 2026

Impuestos a bebidas azucaradas se discuten en la Ley de Ingresos 2026

El debate fiscal en México se intensifica con la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados para que Electrolit y otras bebidas electrolíticas azucaradas paguen impuestos como los refrescos tradicionales. La medida, integrada en la Ley de Ingresos 2026, busca cerrar vacíos que permiten a estas marcas eludir gravámenes pese a su alto contenido de azúcar.

Actualmente, Electrolit se encuentra registrado como medicamento, lo que le otorga beneficios como la exención del IVA y del IEPS, además de librarse de regulaciones nutricionales estrictas. Sin embargo, estudios señalan que sus niveles de azúcar superan incluso a los de un refresco convencional, generando cuestionamientos sobre el trato preferencial que recibe.

Ricardo Monreal y el respaldo legislativo

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, presentó la iniciativa con el argumento de que estos productos deben contribuir de manera justa al fisco. De implementarse, la recaudación rondaría los 4,200 millones de pesos, aunque estimaciones del Partido del Trabajo y del Partido Verde advierten que la cifra podría superar los 5,000 millones si la medida se aplica en su totalidad. Asimismo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, expresó apertura para analizar la propuesta y ajustar los detalles técnicos necesarios.

En consecuencia, la reforma plantea modificaciones a la Ley del IVA, la Ley del IEPS y la Ley General de Salud, para que las bebidas electrolíticas con azúcares añadidos se clasifiquen como bebidas saborizadas y paguen los impuestos correspondientes. Solo quedarían exentas las fórmulas de rehidratación oral avaladas por la Organización Mundial de la Salud y destinadas a programas públicos de salud.

La discusión evidencia que, en un mercado con crecientes desafíos de salud pública, el Congreso busca equilibrar ingresos fiscales y protección al consumidor, reconociendo que el impacto económico supera los miles de millones de pesos proyectados.

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