Un nuevo enfrentamiento legal sobre política migratoria llegó a los tribunales federales. Autoridades estatales y del condado de Santa Clara presentaron una demanda para frenar la construcción de una instalación vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cerca de Gilroy.
La disputa gira en torno a un terreno agrícola de aproximadamente 25 acres donde el Gobierno federal desarrolla un proyecto que, según funcionarios locales, podría utilizarse para la detención temporal de migrantes. Los demandantes sostienen que las obras avanzaron sin cumplir diversos requisitos ambientales y de coordinación con autoridades regionales.
Crece la oposición al proyecto en California
La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Norte y busca bloquear de forma permanente la construcción. Según los documentos judiciales, el Departamento de Seguridad Nacional firmó un contrato de arrendamiento por 20 años valorado en 26.5 millones de dólares para utilizar la propiedad.
Además, funcionarios estatales consideran que las instalaciones podrían operar como un centro de retención de corta duración con capacidad para albergar hasta 150 personas. Rob Bonta, fiscal general estatal, cuestionó el proyecto y aseguró que las comunidades afectadas merecen mayor transparencia sobre el verdadero alcance de la operación.
Los demandantes argumentan que las autoridades federales debieron realizar estudios ambientales antes de iniciar las obras. También sostienen que el terreno alberga especies protegidas y cuenta con restricciones destinadas a preservar su uso agrícola.
Autoridades cuestionan falta de transparencia
Otro de los puntos centrales del litigio involucra la comunicación entre las agencias federales y los gobiernos locales. Funcionarios del condado afirman que recibieron información limitada sobre el proyecto y que nunca participaron en un proceso formal de consulta.
Asimismo, la demanda señala posibles riesgos ambientales relacionados con residuos peligrosos que habrían permanecido en la propiedad tras actividades agrícolas anteriores. Los demandantes sostienen que la construcción podría afectar recursos hídricos, infraestructura local y hábitats naturales cercanos.
La controversia se suma a una larga serie de disputas judiciales entre la administración de Donald Trump y California. Según la oficina del fiscal general, este caso representa la demanda número 71 presentada contra el Gobierno federal desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca.
