La ciudad de San Diego estudia una nueva medida fiscal que podría transformar el mercado local de vivienda y turismo. La propuesta, presentada por el concejal Sean Elo-Rivera, busca establecer un impuesto a las casas vacacionales y segundas residencias que no se alquilan de forma permanente. El objetivo: incentivar el alquiler a largo plazo y generar recursos públicos para servicios esenciales.
Elo-Rivera explicó que esta medida busca “equilibrar el acceso a la vivienda con la responsabilidad compartida” de quienes utilizan propiedades con fines turísticos o de inversión. Aunque el monto del impuesto no ha sido definido, las estimaciones iniciales proyectan ingresos cercanos a 135 millones de dólares anuales, fondos que podrían destinarse a parques, bomberos, bibliotecas y programas de vivienda asequible.
Impuesto a casas vacacionales: debate entre turismo y vivienda
La propuesta ha generado un intenso debate entre quienes defienden la medida como una oportunidad para frenar la especulación inmobiliaria y quienes temen un impacto negativo en el turismo. Los críticos, entre ellos la Cámara de Comercio Regional de San Diego, argumentan que el nuevo impuesto a casas vacacionales afectaría a propietarios locales, jubilados y familias que dependen de los ingresos del alquiler.
Aun así, sectores ciudadanos respaldan la idea. Para ellos, los alquileres a corto plazo han reducido la oferta de vivienda disponible y encarecido el mercado. “Estas casas permanecen vacías mientras miles de sandieguinos duermen en las calles”, declaró Elo-Rivera, al subrayar la urgencia de repensar el uso del espacio habitacional.
Si se aprueba, el impuesto se aplicaría solo al 2% de las propiedades de la ciudad, sin afectar a los propietarios que viven en sus viviendas o que las alquilan a largo plazo. La votación podría llegar a las urnas en junio de 2026 y requeriría mayoría simple para su aprobación.
La discusión se suma a los esfuerzos de San Diego por encontrar soluciones sostenibles frente a la creciente crisis habitacional. En paralelo, el Ayuntamiento analiza incentivos a desarrolladores y programas de rehabilitación de vivienda, buscando un equilibrio entre crecimiento urbano y justicia social.
