Contenedores de basura en barrios residenciales de San Diego
La gestión urbana en Estados Unidos enfrenta pruebas constantes cuando cambia reglas históricas. San Diego avanza en la reorganización del servicio de basura de pago luego de un inicio caótico que obligó a miles de residentes a modificar la forma en que contratan la recolección.
La ciudad alcanzó un punto clave al reducir por debajo del veinte por ciento el número de propiedades que aún no completan la transición hacia servicios privados. Esa meta permitió posponer advertencias y posibles multas mientras las autoridades afinan los últimos detalles operativos.
Además, cerca de veinte mil clientes dejaron de ser elegibles para el servicio municipal cuando comenzó el cobro. La mayoría ya firmó contratos con empresas privadas, lo que alivió la presión financiera prevista para el ayuntamiento y redujo el gasto proyectado para atender casos pendientes.
El Departamento de Servicios Ambientales reportó que la entrega de nuevos contenedores grises y el retiro de los antiguos contenedores negros avanzan de forma sostenida. Más de ochenta mil recipientes ya fueron reemplazados, apoyados por solicitudes realizadas mediante la aplicación municipal.
Asimismo, más de la mitad de las propiedades elegibles creó cuentas en el sistema digital de la ciudad. Ese paso resulta clave para ajustar niveles de servicio, recibir avisos especiales y evitar sanciones futuras.
Por otro lado, surgieron problemas aislados en complejos pequeños que solicitaron contenedores insuficientes. La ciudad contactó a esos propietarios para exigir correcciones y advirtió que podría aplicar multas si no cumplen.
San Diego ultima un programa de subsidios dirigido a residentes de bajos ingresos. El apoyo cubrirá parte o la totalidad del costo anual del servicio para miles de hogares inscritos en programas sociales o con ingresos limitados.
La transición también generó un ajuste inesperado en ingresos municipales. Un porcentaje mayor al previsto eligió contenedores más pequeños, lo que redujo la recaudación estimada. Aun así, las autoridades sostienen que el sistema comienza a estabilizarse tras meses de negociación y cambios normativos.
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