San Diego aprobó un acuerdo por 30 millones de dólares tras una demanda por el uso letal de la fuerza policial, uno de los pagos más altos en la historia del país por un tiroteo de este tipo. El caso puso bajo escrutinio una reforma legal clave impulsada desde la propia ciudad.
La demanda sostuvo que un agente de la Policía de San Diego violó una ley estatal de 2019 que elevó el estándar para el uso de fuerza letal. Dicha legislación fue impulsada por la entonces asambleísta de San Diego, Shirley Weber, hoy secretaria de Estado de California.
Un caso que expuso fallas en la aplicación de la ley
El tiroteo ocurrió el 28 de enero en la estación Santa Fe, en el centro de San Diego. Konoa Wilson, de 16 años, murió tras recibir disparos por la espalda mientras huía de otro incidente armado, según videos de vigilancia y cámaras corporales.
La familia presentó una demanda por muerte injusta en junio. Posteriormente, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo económico, que superó incluso el pago realizado por la ciudad de Minneapolis tras el asesinato de George Floyd.
Durante la sesión, concejales exigieron mayor responsabilidad al Departamento de Policía y a la alcaldía. El agente involucrado permanece empleado bajo asignación administrativa.
Reforma legal y uso de fuerza letal en San Diego
La ley estatal conocida como AB 392 modificó el estándar legal del uso de fuerza letal. Desde entonces, la policía solo puede recurrir a ella cuando resulte estrictamente necesaria para proteger la vida humana.
La demanda argumentó que el agente no identificó su condición policial antes de disparar y que Wilson no representaba una amenaza inmediata. Además, señaló posibles motivaciones raciales en el uso de la fuerza.
Aunque la reforma buscó limitar la violencia policial, el caso evidenció dificultades en su aplicación práctica dentro de San Diego.
