La polémica por el cobro residencial de recolección de basura en San Diego escaló esta semana después de que el Ayuntamiento rechazó un acuerdo que habría reducido el pago mensual para propietarios y frenado un posible referéndum ciudadano.
El Concejo Municipal votó 5-3 para rechazar la propuesta que buscaba disminuir la tarifa a 29 dólares mensuales y detener los esfuerzos impulsados por grupos opositores que intentan eliminar completamente el cobro aprobado recientemente.
La decisión mantiene abierto el camino para que la iniciativa de derogación avance rumbo a las elecciones de noviembre, donde los votantes podrían decidir el futuro del programa municipal.
San Diego teme impacto financiero por disputa de basura
Funcionarios municipales advirtieron que reducir o eliminar el cobro provocaría un fuerte impacto presupuestario para la ciudad, incluyendo posibles despidos y recortes en servicios esenciales.
Además, autoridades señalaron que mantener la tarifa actual resulta clave para cubrir los costos operativos de recolección y mantenimiento urbano en distintos sectores de San Diego.
El concejal Sean Elo-Rivera criticó duramente la campaña impulsada por la Lincoln Club Business League y aseguró que eliminar el cobro abriría un déficit anual superior a los 120 millones de dólares.
Según explicó, áreas como bibliotecas, parques, cuadrillas de reparación y servicios de emergencia podrían verse afectadas si desaparece esa fuente de ingresos.
Votantes decidirían el futuro del cobro residencial
Por otro lado, abogados que representan a residentes inconformes sostienen que el acuerdo rechazado representaba una solución intermedia para evitar una batalla legal y electoral más costosa.
El exfiscal Mike Aguirre afirmó que el rechazo podría generar consecuencias financieras aún más graves para San Diego si finalmente los tribunales o los votantes eliminan completamente el programa.
Asimismo, el debate político continúa creciendo porque algunos concejales consideran que la tarifa terminó siendo mucho más alta de lo prometido inicialmente a los ciudadanos.
La campaña de derogación necesita menos firmas que otras iniciativas electorales debido a que busca revertir un cobro existente, lo que aumenta las probabilidades de que aparezca en la boleta electoral este año.
