El conflicto entre poder político y sistema financiero vuelve al centro del debate en Estados Unidos tras una nueva demanda presentada por Donald Trump contra JPMorgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon. El caso expone tensiones profundas sobre el acceso bancario, la regulación y el peso de las decisiones corporativas en la vida pública.
La acción legal se presentó en un tribunal estatal de Florida y exige una indemnización de 5.000 millones de dólares. Trump sostiene que JPMorgan cerró sus cuentas personales y empresariales en 2021 por motivos políticos, tras los hechos del 6 de enero en el Capitolio, sin ofrecer una justificación clara.
Según la demanda, JPMorgan notificó el cierre con un plazo de 60 días y posteriormente incluyó a Trump, su familia y empresas en una lista interna que bloqueó cualquier relación patrimonial futura. Esa decisión, afirma el documento, provocó que otros bancos rechazaran operar con los demandantes.
JPMorgan y el debate sobre el debanking
JPMorgan negó las acusaciones y aseguró que no cierra cuentas por razones políticas o religiosas. La vocera Trish Wexler afirmó que el banco actúa cuando identifica riesgos legales o regulatorios, conforme a normas vigentes en Estados Unidos.
Además, el caso coincide con declaraciones recientes de Jamie Dimon en Davos, donde criticó una propuesta de Trump para limitar las tasas de interés de tarjetas de crédito, al advertir efectos negativos para millones de hogares.
Por otro lado, la demanda se inserta en una narrativa más amplia sobre el llamado debanking, una práctica que Trump y sectores conservadores denuncian como discriminación ideológica dentro del sistema financiero.
Un litigio con impacto nacional
Expertos legales cuestionan la solidez del reclamo. Peter Conti-Brown, académico de Wharton, señaló que los bancos evalúan riesgos financieros, no afinidades políticas. Jeremy Kress, exfuncionario de la Reserva Federal, calificó la demanda como inusual dentro del contexto regulatorio actual.
El desenlace del caso podría influir en futuras reglas sobre cancelación de cuentas y en la relación entre grandes bancos y figuras públicas. JPMorgan atiende a más de 70 millones de clientes y opera bajo uno de los marcos regulatorios más estrictos del país.