Varios estados de Estados Unidos, incluido California, impulsan nuevas leyes para restringir la presencia de agentes federales de inmigración cerca de centros de votación, ante temores de interferencia durante las elecciones de medio término.
Las propuestas legislativas buscan impedir que autoridades migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operen cerca de lugares donde los ciudadanos acuden a votar o donde se cuentan las papeletas.
Estados buscan proteger centros de votación
La iniciativa surge tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de nacionalizar las elecciones y aplicar nuevas restricciones al voto.
Legisladores demócratas sostienen que permitir operativos de inmigración cerca de centros de votación podría intimidar a votantes y afectar el proceso electoral.
En California, el senador estatal Tom Umberg presentó un proyecto que prohibiría la aplicación de leyes federales de inmigración dentro de un radio de 200 pies de los lugares de votación.
La propuesta también permitiría a los funcionarios electorales locales mantener abiertas las urnas si determinan que la votación se interrumpió por la presencia de agentes federales.
Debate político sobre presencia federal en elecciones
Iniciativas similares han surgido en estados como Connecticut, Nuevo México, Pensilvania, Rhode Island, Virginia y Washington.
Algunos proyectos van más allá. En Nuevo México, por ejemplo, legisladores aprobaron una medida que prohibiría la presencia de militares o agentes federales armados en centros de votación durante el periodo electoral.
Las propuestas responden a preocupaciones sobre la posibilidad de que autoridades federales intervengan en el proceso electoral o generen confrontaciones con votantes.
Sin embargo, legisladores republicanos han criticado estas iniciativas y las califican como innecesarias. Argumentan que la legislación federal ya prohíbe el uso de fuerzas armadas para interferir en elecciones, salvo en casos de emergencia nacional.
Mientras tanto, funcionarios electorales en distintos estados analizan cómo garantizar que los centros de votación operen sin interferencias y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con seguridad.
