La disolución de Ueno Bank desencadenó una crisis financiera y política en Paraguay que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña. La controversia involucra a uno de los mayores grupos empresariales del país, a antiguos funcionarios del sistema bancario y a millones de clientes que ahora enfrentan incertidumbre sobre sus ahorros.
El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de disolución después de comprobar que la solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. La decisión sorprendió por la velocidad con la que el banco había crecido y por los cuantiosos recursos públicos que administraba.
El crecimiento de Ueno Bank y el papel del Grupo Vázquez
La institución tiene sus antecedentes en Financiera El Comercio, fundada en 1976. El Grupo Vázquez la adquirió en 2021 y consiguió transformarla en banco en noviembre de 2023.
Un año después, la absorción de Visión Banco fortaleció su presencia nacional. La operación incorporó más de un millón de clientes, numerosas sucursales y una importante cartera de depósitos.
Para septiembre de 2026, la entidad reportaba más de tres millones de usuarios y un volumen superior a tres millones de transacciones diarias. Su base de clientes equivalía aproximadamente a la mitad de la población paraguaya, estimada en 6.5 millones de habitantes.
El control mayoritario permanecía en manos del Grupo Vázquez, encabezado por Federico Miguel Vázquez Villasanti. El empresario se puso a disposición de la justicia después de que la Fiscalía ordenara su captura.
Las investigaciones también alcanzaron a integrantes de la dirección bancaria, entre ellos Juan Manuel Gustale, Julio Rey Fernández y otros ejecutivos.
Las relaciones con Peña y el dinero de las instituciones públicas
Uno de los aspectos más cuestionados es la antigua participación de Santiago Peña en Ueno Holding, conglomerado relacionado con Ueno Seguros, itti y el Grupo Vázquez.
Peña aseguró que abandonó esa inversión a principios de 2025. También sostuvo que nunca fue accionista directamente del banco.
La controversia incluye a Carlos Carvallo Spalding, quien dirigió Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del BCP en agosto de 2023. Tres meses después, el organismo autorizó la conversión de la financiera en banco. Carvallo ofreció su renuncia durante la crisis.
A estos antecedentes se suman aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos que administraba la entidad. Parte de ese dinero provenía del Instituto de Previsión Social, responsable de recursos destinados a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.
El economista Orkun Saka, de City St George’s, University of London, advirtió que el regulador había identificado préstamos excesivos a compañías relacionadas con los propietarios. También cuestionó la confianza que puede generar una supervisión financiera cuando existen vínculos previos entre sus responsables y las empresas supervisadas.
Por su parte, el senador opositor Rafael Filizzola denunció un presunto aprovechamiento de fondos públicos para negocios privados. Las autoridades judiciales deberán determinar las responsabilidades correspondientes.
¿Qué pasará con los ahorros de los clientes?
La crisis de Ueno Bank preocupa especialmente por el alcance de su red de usuarios. Aunque el banco afirmaba atender a tres millones de personas, esa cifra no demuestra que todos tengan dinero congelado ni que sus depósitos se hayan perdido.
El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura máxima de 228.3 millones de guaraníes por ahorrador, aproximadamente 38,000 dólares.
Las autoridades comenzaron a gestionar pagos iniciales de hasta 121.7 millones de guaraníes. Los clientes con saldos superiores todavía esperan información sobre la recuperación del dinero restante.
Las protestas de ahorradores aumentaron la presión sobre el gobierno. La oposición impulsó un juicio político y Horacio Cartes anunció que el Partido Colorado también respaldaría el procedimiento.
Peña renunció poco después, alegando la necesidad de proteger la estabilidad institucional.
El desenlace presidencial no resuelve las dudas sobre la supervisión del banco, la seguridad de los recursos públicos y el futuro de los depósitos. La recuperación de esos fondos será una de las principales pruebas para las autoridades paraguayas.
