El gobierno de San Diego County presentó una demanda federal para exigir inspecciones de salud pública en el Centro de Detención de Otay Mesa, en un nuevo enfrentamiento legal con autoridades federales de inmigración.
La acción judicial busca obligar al gobierno federal a permitir revisiones locales en las instalaciones administradas por la empresa privada CoreCivic, después de que funcionarios del condado denunciaran que se les negó el acceso para realizar una inspección sanitaria.
San Diego County exige supervisión del centro de Otay Mesa
La demanda presentada por San Diego County ante un tribunal federal sostiene que las autoridades federales bloquearon repetidamente los intentos de supervisión local del centro de detención.
El caso incluye como demandados a la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons.
Funcionarios del condado afirman que la falta de transparencia impide evaluar las condiciones en el centro y verificar si contribuyen al aumento de muertes registradas en centros de detención federales
Disputa comenzó tras inspección bloqueada
El conflicto se intensificó después de un incidente ocurrido el 20 de febrero, cuando el equipo de salud del condado acudió al centro con autorización previa para realizar una inspección.
Según documentos legales, el oficial de salud pública del condado, Sayone Thihalolipavan, contaba con permisos bajo el Código de Salud y Seguridad de California. Sin embargo, al llegar al lugar, funcionarios federales y personal de CoreCivic revocaron el permiso y negaron la entrada.
Autoridades de San Diego County solicitaron posteriormente otra inspección, pero al no recibir respuesta dentro del plazo establecido anunciaron la presentación de la demanda.
La presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, señaló que la acción legal busca proteger la salud pública y garantizar transparencia en el funcionamiento del centro.
La supervisora Paloma Aguirre, cuyo distrito incluye las instalaciones, afirmó que funcionarios del condado enfrentaron un ambiente hostil durante el intento de inspección y que el personal del centro amenazó con llamar al sheriff para retirarlos del lugar.
El caso también surge en medio de preocupaciones por las condiciones dentro de centros de detención federales. Registros oficiales muestran que en 2025 se reportaron 32 muertes bajo custodia de ICE, la cifra más alta registrada hasta ahora.
