Un grupo de expertos de Naciones Unidas denunció que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza las desapariciones forzadas para silenciar a la disidencia y ejercer control sobre la población de Nicaragua. El organismo documentó al menos 161 casos desde 2018, mientras 29 personas continúan sin ser localizadas.
El informe también atribuye al Estado responsabilidad por al menos ocho muertes bajo custodia durante ese periodo. Entre los casos examinados aparecen el general retirado Humberto Ortega, hermano del copresidente, y el dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera.
Desapariciones forman parte de las denuncias contra el Gobierno
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua examinó con detalle 17 casos. Sus integrantes denunciaron malas condiciones de detención, deficiencias en la atención médica y una estructura de mando centralizada sobre policías, prisiones y tribunales.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo, sostuvo que recurrir a la desaparición forzada y permitir muertes bajo custodia incumple estándares mínimos de derechos humanos para una gobernanza democrática creíble.
Los expertos solicitaron al Gobierno informar inmediatamente sobre el paradero de las 29 personas todavía desaparecidas y liberar a quienes permanecen detenidos por motivos políticos.
Expertos cuestionan versión sobre muerte de Brooklyn Rivera
El informe dedica especial atención a Brooklyn Rivera, exdiputado y fundador del partido indígena YATAMA. Las autoridades lo mantuvieron detenido durante 32 meses, con extensos periodos sin contacto con su familia, antes de anunciar su muerte el pasado 31 de mayo.
Después de analizar los comunicados oficiales y una evaluación independiente de Physicians for Human Rights, los expertos señalaron inconsistencias médicas en la explicación gubernamental. Tampoco hubo una autopsia ni una investigación independiente que permitieran esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
El Gobierno sostuvo que Rivera recibió atención médica y apoyo familiar durante su enfermedad. Ante una solicitud de comentarios sobre las acusaciones del informe, las autoridades nicaragüenses declinaron responder sobre el fondo de los señalamientos.
El grupo de Naciones Unidas, creado en 2022 para investigar violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2018, también pidió investigar las muertes bajo custodia y promover mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
