La crisis presidencial de Paraguay llegó este viernes a una nueva etapa. El Senado continuó el juicio político contra Santiago Peña, cuya renuncia no obtuvo una resolución favorable en el Congreso, y admitió las pruebas que sustentan la acusación. La defensa solicitó más tiempo para preparar sus argumentos, pero los legisladores rechazaron la petición.
El conflicto estalló el martes con la intervención de Ueno Bank. El Banco Central encontró graves deficiencias de solvencia y ordenó iniciar el procedimiento de resolución de una entidad que atendía a casi tres millones de personas y había recibido importantes depósitos públicos.
Del anuncio de renuncia al juicio político
Ante las protestas de ahorristas y el aumento de la presión política, Peña anunció el jueves que dejaría la Presidencia para contribuir a la estabilidad del país.
Ese mismo día, la Cámara de Diputados aprobó la apertura de un juicio político. La acusación contó con el respaldo de sectores opositores y legisladores del Partido Colorado, agrupación del propio mandatario.
Antes de continuar el proceso, el Congreso intentó resolver la dimisión mediante una sesión conjunta. No obstante, varios diputados oficialistas abandonaron el recinto y la falta de quórum impidió completar la votación.
La decisión resultaba determinante para el futuro judicial de Peña. Si los legisladores aceptaban su renuncia, adquiriría la condición de senador vitalicio y los fueros correspondientes, lo que complicaría un eventual procesamiento penal.
Por ese motivo, la oposición insistió en continuar el juicio político. El respaldo de Horacio Cartes a la destitución también debilitó la posición del presidente dentro de su partido.
La defensa de Santiago Peña responde ante el Senado
La Cámara Alta abrió el juicio el viernes y estableció un plazo de 12 horas para preparar la defensa. Peña pidió ampliarlo a 72 horas, pero el Senado rechazó su solicitud.
El mandatario permaneció ausente de la sesión. Sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda acudieron al recinto cerca de las 13:00 horas para exponer su posición.
La acusación abarca los vínculos del presidente con Ueno Holding y Ueno Bank, presuntos beneficios económicos, cuestionamientos patrimoniales y una supuesta intervención en el Instituto de Previsión Social para trasladar fondos al banco.
Preda negó que el cierre de una institución financiera implicara automáticamente responsabilidad del Ejecutivo. Asimismo, aseguró que la Contraloría había verificado el patrimonio presidencial y cuestionó la ausencia de pruebas concretas sobre supuestas órdenes al IPS.
La defensa también señaló que la fusión de Visión Banco y Ueno Bank comenzó en 2021 y dependía de autorizaciones del Banco Central, no de la Presidencia.
Después de estas actuaciones, los 41 senadores presentes votaron a favor de admitir la totalidad de las pruebas de la acusación.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, declaró un cuarto intermedio de 45 minutos para continuar posteriormente con las exposiciones y la deliberación.
Una eventual destitución exige al menos 30 votos. Hasta el último reporte, el Senado no había anunciado su decisión final sobre la permanencia de Santiago Peña en el cargo.
